Desde el siglo XIII, uno de los principios del derecho civil inglés ha sido que la parte ilícita debe cubrir los costos legales en los que haya incurrido la parte agraviada para defender sus derechos. Esto se aplica a empresas, individuos, organizaciones benéficas, activistas, organismos públicos y todos los demás. Solo hay un grupo al que no se aplica esta regla: los activistas ambientales. Debido a la Convención de Aarhus, un oscuro protocolo al que inexplicablemente estamos adheridos, a los activistas ambientales se les permite demandar vejatoriamente proyectos de infraestructura con casi total impunidad. Como era de esperar, muchos utilizan las revisiones judiciales como una táctica dilatoria gratuita, causando estragos en los cronogramas del proyecto y causando un enorme daño económico. Para mi considerable sorpresa, parece que esto podría cambiar.