Los funcionarios de la Marina de EE. UU. que transfirieron el Astillero Naval de Brooklyn a la administración de la ciudad nunca imaginaron ni en sus sueños más locos que políticos locales expulsarían a los inquilinos por apoyar al ejército estadounidense. Después de construir los barcos que ganaron la Guerra Civil, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, atreverse a continuar esa tradición lleva a que los ayuntamientos te regañen, las universidades locales protesten y canceles de contratos de alquiler por parte de tu nuevo casero. Los 29 millones de dólares en ayuda federal que recibió el astillero el año pasado deberían ser el último que reciban de los ciudadanos contribuyentes, salvo una corrección de rumbo contundente por parte de Lindsay Greene, actual presidenta y directora ejecutiva del Brooklyn Navy Yard. Las futuras transferencias de instalaciones militares deben estar sujetas a condiciones que prohíban la discriminación contra las empresas que apoyan a nuestras tropas. @SecWar