Los funcionarios de la Marina de los EE. UU. que transfirieron el Astillero Naval de Brooklyn a la gestión de la ciudad nunca imaginaron en sus sueños más salvajes que los políticos locales expulsarían a los inquilinos por apoyar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Después de construir los barcos que ganaron la Guerra Civil, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, atreverse a continuar esa tradición lleva a que los miembros del consejo de la ciudad te menosprecien, a que las universidades locales protesten contra ti y a que tu nuevo propietario cancele el contrato de arrendamiento. Los 29 millones de dólares en ayuda federal que el astillero recibió el año pasado deberían ser el último dólar que reciba de los ciudadanos contribuyentes, a menos que haya una corrección de rumbo contundente por parte de Lindsay Greene, actual Presidenta y CEO del Astillero Naval de Brooklyn. Las futuras transferencias de instalaciones militares deben estar sujetas a términos que prohíban la discriminación contra las empresas que apoyan a nuestras tropas. @SecWar