La política criptográfica estadounidense no solo está escrita en Washington. En los últimos meses, el Congreso aprobó un proyecto de ley de stablecoin y una legislación avanzada sobre la estructura del mercado, ambos con un amplio apoyo bipartidista. Mientras tanto, solo en 2024, los estados aprobaron 57 proyectos de ley de criptomonedas. Los estados están ahora en el centro de la formulación de políticas criptográficas de EE. UU., y eso es tanto una oportunidad como un riesgo. Una buena política estatal puede impulsar la innovación responsable, atraer a los constructores y proteger a los usuarios. Una mala política puede empujar la innovación al extranjero o obstaculizarla por completo. En nuestro nuevo State Crypto Policy Playbook, Kevin McKinley y Aiden Slavin describen cinco pasos prácticos que los estados pueden tomar para elaborar una política sólida, desde la adopción de DUNA de Wyoming hasta seguir el ejemplo de Illinois en la clasificación de tokens, el lanzamiento de grupos de trabajo de blockchain, la prueba piloto de casos de uso del mundo real y la alineación de los regímenes estatales de stablecoins con el nuevo marco federal. Los estados han sido durante mucho tiempo los laboratorios de la democracia. Ahora pueden ser laboratorios para construir el futuro de Internet, si tienen la política correcta.